Casos insólitos

Ya se había mencionado en el blog de Darío el caso del dueño de un bar, ubicado en la Provincia de Tucumán, que había sido demandado por SADAIC para que abone el arancel correspondiente por la música que se escuchaba desde el televisor de su local. En los comentarios critiqué la actitud de SADAIC porque los costos del proceso judicial no se corresponden ni con el monto que debe pagar el demandado (esto es simplemente una presunción, ya que se trata de un simple bar), ni con el valor disuasorio que puede tener el fallo para el resto de los comercios (y mucho menos para la "cruzada copyright" en general).

Pero este tipo de acciones judiciales se se convierten en un conflicto grave cuando se trata de la persecusión penal. Es decir, cuando se intenta utilizar el poder punitivo del Estado por nimiedades. Voy a comentar sólo dos casos, pero lamentablemente los ejemplos se multiplican alrededor del globo.

El primer caso sucedió en julio de 2004 cuando un hombre fue detenido por intentar hurtar una horma de queso. El hombre reconoció su error y argumentó que se encontraba desempleado y que decidió cometer el hurto cuando una de sus hijas le manifestó que tenía hambre. Sin embargo, el fiscal continuó con la investigación y, cuando el caso fue elevado a juicio oral, pidió cinco años de prisión para el acusado. Por suerte, el juez absolvió al acusado teniendo en cuenta su situación y que el daño patrimonial que podía causarle la pérdida, el Mini Fymbo Sancor de 930 gramos hurtado costaba $15, a la empresa era ínfimo.

El segundo es mucho más conocido, y hace foco en el destituido juez Juan José Galeano, juez que estuvo a cargo de la causa AMIA. Este juez denunció a un detenido que se había comido medio pebete de jamón y queso que pertenecía a un empleado del juzgado. La causa recayó en el juez Gustavo Literas, y finalmente el fiscal la desestimó. Éste, a diferencia del fiscal anterior, fue un poco más racional y se negó a utilizar fondos públicos para iniciar una causa por medio pebete.